Cambiar sus datos personales lo pueden llevar a la cárcel, "no se busque problemas".

Sergio / Afectado

Foto / Humberto Garavito

Sergio creía que por fin iba a lograr cumplir uno de sus sueños, obtener su licencia de conducción y luego comprarse un carro, pero cuando llegó a tramitar los papeles se encontró con una triste sorpresa: "me dijeron que tenía una multa porque un señor dejó la moto estacionada en un lugar prohibido, luego llegó un policía de tránsito que le puso un comparendo, pero al parecer el agente se equivocó y la identificación que radicó coincide con mi número de cédula. Desde hace un año aparezco reportado en el listado de deudores de comparendos" dijo el afectado.

Sergio dice que tiene cómo demostrar que no cometió la infracción, pues ese día a la hora que se realizó el comparendo él estaba un su lugar de trabajo como a 100 cuadras del lugar del parte y además no tiene ni ha tenido ni moto ni licencia.

Av. 19 con calle 109 / Lugar del parte

Foto / Marce Rojas

Cuando Sergio consultaba el listado de deudores de la Secretaria de Movilidad aparecía registrada su cédula con una multa que cada vez crecía más, inicialmente fue por 204 mil pesos, pero en la última verificación debía más de 400 mil.

Sergio interpuso un derecho de petición en la Secretaria de Movilidad y logró que lo retiraran del sistema y le asignaran la multa al verdadero dueño, pero esto sólo hasta después de un año.

En este caso Sergio fue el afectado, pero según la Policía de Tránsito de enero a septiembre de 2007 se tenía el reporte de 140 personas que habían sido investigadas por tener datos dudosos en sus comparendos, pues a veces por no ganarse una multa muchos alteran sus nombres o número de cédula y no se dan cuenta que están cometiendo el delito de falsedad en documento público que les puede dar de 4 a 8 años de prisión y si tienen antecedentes los puede privar de la libertad.

Sergio / Afectado

Foto / Humberto Garavito

"La gente cree que es un juego y a veces por quitarse una multa le intenta hacer trampa al Policía aprovechándose del error o le cambian los datos y no se dan cuenta que en algún momento los van a descubrir y los pueden investigar por ese delito" afirma el juez 18 de conocimiento que ha tenido varios de estos casos y ha logrado concluir que en este tipo de delitos de alteración de datos personales los principales infractores son los conductores de vehículos públicos.

Cuando usted recibe una multa por error de la Policía la situación se resuelve y usted puede acudir al Super Cade de la Movilidad ubicado en la calle 13 con carrera 38 y ahí le reciben una apelación, pero si no es así y fue usted el que alteró los datos "No se busque problemas, cambiar su nombre o su cédula en un documento público lo puede mandar a la cárcel".

URI Usaquén, la justicia en el Norte de la ciudad.

Uri de Usaquén

Foto / Marce Rojas

En Bogotá hay cinco Unidades de Reacción inmediata URIS que tienen como objetivo llevar la justicia más cerca a la comunidad. En cada una de ellas usted encontrará Jueces, Fiscales, Ministerio Público, Defensores y Policía Judicial.

Las URIS agrupan varias localidades dependiendo de su distribución geográfica, en el caso de la URI de Usaquén cubre las localidades de Usaquén, Chapinero y Suba. Su ubicación es la Cra. 21 No. 169-11.

Los casos que lleva cualquiera de las cinco URIS son investigados por las denuncias de la comunidad o porque las personas han sido capturados en flagrancia. De esta forma cuando ocurre un delito el delincuente es capturado, llevado a la URI del sector y luego si es necesario es presentado ante un juez de garantías que conoce los delitos de la zona. Dependiendo de lo ocurrido el indiciado puede ser remitido a los juzgados de Paloquemao donde se realiza un juicio oral para determinar cuál es la condena.

Las autoridades tienen claro cuales son los delitos que más se cometen en el sector y en lo que se refiere a la URI de Usaquén la mayoría son los hurtos a almacenes de cadena. En el primer semestre esta URI ha atendido 3.056 casos de los cuales los cinco delitos que más han atendido son:

Hurtos 813

Homicidios 186

Delitos sexuales 147

Lesiones personales 130

Tráfico de estupefacientes 147

En la URI Usaquén hubo 579 hurtos agravados registrados, 371 de ellos cometidos en almacenes de cadena, 124 en vía pública y 32 en establecimientos comerciales. La mayoría de homicidios se realizaron con arma de fuego, pero también hubo un buen número de homicidios producidos por accidentes de tránsito.

Si usted vive en las localidades de Usaquén, Chapinero o Suba puede radicar sus denuncias sobre delitos en el Teléfono 671 0190.

Dos capturados en Bogotá por delitos electorales.

Foto / Internet

Las Unidades de Reacción Inmediata URIS de Bogotá reportaron que el 28 de octubre día de elecciones, fueron detenidas dos personas por el delito de ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula que podría darles entre cuatro y ocho años de prisión.

Uno de ellos es un Edil que fue capturado en una de las mesas de votación de la localidad de Candelaria cuando al parecer portaba la cédula de una mujer. El hombre fue llevado a la URI de Paloquemao, luego fue dejado en libertad y finalmente será llevado a una audiencia pública donde le harán la legalización de la captura ante un juez de garantías.

Foto / Internet

El otro arrestado fue llevado a la URI de Ciudad Bolívar y también estará en audiencia pública.

Además se recibieron tres denuncias por los delitos electorales, uno por corrupción al sufragante y dos por fraude electoral. La Fiscalia empezó ya la investigación por estos hechos y luego se definirá si los implicados serán o no judicializados.

El balance también deja a tres personas detenidas que tenían órdenes de captura de diferentes juzgados del país, uno de ellos fue arrestado en Corferias cuando intentaba votar y los otros en sitios cercanos a los puestos de votación.

El Ministerio de defensa reportó que el 28 de octubre en todo el país fueron capturadas 201 personas de los cuales 84 fueron por delitos electorales.

Condenada la secuestradora de Luis Felipe

Sandra Lucía Vargas, secuestradora Luis Felipe

Foto / Cortesia City Tv

Cinco años y seis meses de prisión es la condena que debe pagar Sandra Lucía Vargas, la mujer que es investigada por el secuestro un niño de 18 meses de nacido llamado Luis Felipe. Este caso causó gran conmoción en el país por la edad del niño y por la forma cómo se produjo el secuestro.

El caso ocurrió en diciembre de 2005 después de que la mujer se hiciera amiga de los padres del menor y los convenciera de "prestarle al niño" mientras le compraba un regalo de Navidad, pero la mujer no regresó y eso generó pánico en los padres que iniciaron una campaña de búsqueda del menor y para eso estuvieron acompañados de medios de comunicación y de la Policía.

Leyda Díaz, Madre de Luis Felipe

Foto / Cortesía City Noticias

Ante la presión, días después la mujer decidió dejar tirado al niño en medio del frió capitalino, una patrulla de la Policía lo encontró y luego se lo entregó a la madre quien en medio de las lágrimas le agradeció a Dios.

Precisamente por todo lo ocurrido, Leyda Díaz la madre de Luis Felipe, rechazó la condena porque ella considera que es muy baja con respecto al dolor causado no solo para el momento del secuestro sino el que actualmente vive la familia pues Luis Felipe tiene controles con psicólogos, desórdenes alimenticios y a veces sufre de insomnio.

Lo más triste es que según cuentas de varios abogados a partir de la fecha del fallo la mujer podría pagar menos de dos años de prisión realmente, teniendo en cuenta que se debe descontar de la condena el año que lleva detenida y hacer las rebajas de ley.

Lo paradójico es que el abogado de la víctima y la Fiscalia no apelaron el fallo del juez, pero si lo hizo la defensa de Sandra Lucía vargas que consideró que la pena era muy alta, por eso ahora el caso irá al Tribunal de Bogotá.

Incremento de penas para delitos electorales.

Foto / Internet

Las elecciones del 28 de octubre estarán muy controladas por la legislación que al fin se puso en cintura y logró incrementar las penas para las personas que cometan delitos electorales. A partir de la fecha seis de los once artículos contemplados en el Código Penal como delitos contra mecanismos de participación democrática, tienen una sanción de 4 a 8 años de prisión.

Los delitos a los que les incrementaron las penas son:

Perturbación al certamen democrático: El que emplee algún mecanismo para evitar que las personas puedan votar. Ej. Que se invente que hay una amenaza de bomba o que el punto de votación fue suspendido.

Fraude al sufragante: El que haga que las personas voten por alguien en específico o que voten en blanco.

Voto fraudulento: Suplantación de personas para votar o el que vote dos veces.

Foto / Internet

Favorecimiento de voto fraudulento: El funcionario que permita que se haga efectivo el voto fraudulento depositándolo en la urna.

Alteración de resultados.

Ocultamiento, retención y posesión ilícitas de cédula.

Según cifras de la Fiscalia desde enero a 26 de octubre de 2007 en Bogotá, se recibieron 10 denuncias de personas que presuntamente habrían infringido la ley en el tema de delitos electorales: dos por voto fraudulento, uno por constreñimiento al sufragante, uno por corrupción al sufragante y seis por fraude en la inscripción de cédulas.

Adicionalmente personal de CTI, SIJIN y DAS estarán distribuidos por todas las localidades tratando de evitar la comisión de delitos y la Fiscalia estará distribuida en las Unidades de Reacción Inmediata, URIS para hacer efectiva la judicalización ante un juez de garantías.

Si usted tiene una denuncia de delitos electorales puede comunicarse a las líneas 282 9169 – 245 2755 o ir directamente a la carrera 8 No. 13-31 piso tercero donde funciona la URIEL.

Capturan a uno de los ladrones del Hotel Dann de Bogotá.

Javier Ibarguen Mosquera / Capturado

Foto / Marce Rojas

El 29 de septiembre se presentó un hecho inusual en Bogotá, seis personas ingresaron a una de las sedes del Hotel Dann, primero fueron tres que dijeron que llegaban por un reservación y luego los otros que dijeron que iban por una delegación que había llegado de Aruba.

Una vez adentro los ladrones amenazaron a los celadores con sus armas, les quitaron la ropa y subieron al piso donde estaban los extranjeros a quienes les robaron todas sus pertenencias avaluadas en más de 50 millones de pesos.

Pasados tres días la Policía empezó a trabajar con unos retratos hablados que fueron divulgados en los medios de comunicación logrando un efecto satisfactorio, pues una mujer identificó a uno de los delincuentes, llamó a las autoridades y se empezó a montar un operativo para lograr la captura en el barrio Patio Bonito del Sur de Bogotá.

Cuando hicieron el allanamiento sólo podían vincular al delincuente por el delito de receptación, es decir, por tener artículos robados, pues en su poder le encontraron seis celulares y un reloj.

Audiencia en Paloquemao

Foto / Marce Rojas

Dentro de los objetos incautados, estaba el celular de uno de los celadores que en entrevista con las autoridades había denunciado que los ladrones se lo habían quitado y cuando la Fiscalia le preguntó al trabajador por su número telefónico y le mostró el aparato, el confirmó que sí era el suyo.

Con este error del indiciado y con la identificación de varios testigos, la Fiscalia lo pudo vincular al caso y le formuló los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas.

El hombre aceptó cargos y al final de la audiencia fue enviado a la cárcel Modelo. Las autoridades están a la espera de capturar a los otros cinco implicados.

Extorsionan a motociclistas en el centro de Bogotá.

Motociclista afectado

Foto / Marce Rojas

En el mes de octubre un mensajero fue víctima del robo de su motocicleta. El afirma que la dejó estacionada mientras entregaba unos paquetes y de un momento a otro llegaron dos personas que le quitaron el seguro y se la llevaron.

Pero él no es la única víctima, según datos que manejan los mismos motociclistas, en promedio semanalmente les están robando de dos a tres motos.

Los afectados ya tienen identificadas las modalidades de hurto y hay una que para ellos es la más común: "Aparecen dos personas que se aprovechan de las motos que son dejadas estacionadas, pero a veces hasta nos amenazan con armas" afirmó el afectado.

Gráfico Internet

Después viene lo peor, empiezan a pedirles dinero para devolverles sus vehículos, les dicen que tienen pocas horas para entregar la suma y los amenazan con deshuasar su moto si no se paga.

El monto de la extorsión también está definido, si la moto es de 125 centímetros cúbicos el pago varía entre quinientos y ochoscientos mil pesos, pero si el cilindraje es más alto la cuota puede llegar al millón de pesos.

En los casos en que no se paga el rescate y se llevan las motos la situación es más difícil porque según los motociclistas, las aseguradoras no les prestan sus servicios, así que son ellos los que deben sacar el dinero para hacer la reposición. "El empleado es quien debe pagar porque o sino luego no tiene la herramienta de trabajo que le permite mantener a su familia".

Foto Internet

Los motociclistas denunciaron que en varios casos hay complicidad de las autoridades y de los celadores porque cuando empiezan la extorsión los llaman a sus propios teléfonos.

Los sitios donde más roban son: Barrio Siete de Agosto, Centro y Calle 13. Los lugares a donde más llegan estas motos robadas son: Avenida Caracas entre calles 16 y 17, en la avenida Primero de mayo con 24 y algunas partes del barrio Siete de agosto.

Las autoridades afirman que de enero a septiembre se han robado 125 motos, pero también dijeron que el problema más grave es que los motociclistas no denuncian y prefieren pagar el rescate por eso en muchos casos el delito queda impune. Si usted es víctima de estos robos denuncie a las líneas 112 o 123.

Buenas noticias para deudores del UPAC

Familia Meliton

Foto / Diego Pinzón camarógrafo City Tv

Don José Meliton y su esposa tienen 75 y 72 años respectivamente y hace once años solicitaron un crédito por 27 millones para hacer reformas en su casa. En un comienzo la mensualidad era de trescientos mil pesos, pero de un momento a otro las cuotas aumentaron a un millón de pesos y ahora ellos aseguran que no tienen los recursos para pagar ese dinero.

"Mi hijo era un taxista y nos daba el dinero para sobrevivir, pero en el paro de transportadores de mayo en un intercambio de disparos lo asesinaron y nosotros quedamos solos y sin recursos" afirma don José.

La historia de ellos es solo una de las 250 mil reportadas solo en Bogotá, donde los usuarios de créditos de vivienda se colgaron en las cuotas y en la mayoría de los casos perdieron sus casas las cuales fueron rematadas por los bancos.

El drama de la familia Meliton cada día se agudiza más, ellos se niegan a salir de la casa donde han vivido durante 30 años: “De aquí me sacan pero muerta” dice la mujer. "No podemos pagar eso y además nuestro crédito fue para reformas, no para compra" afirma don José.

Usuarios del UPAC frente al Palacio de Justicia

Foto / Marce Rojas

Estos casos olvidados por las autoridades revivieron el pasado 3 de septiembre ante los hechos de protesta protagonizados por el señor Modesto Salcedo, quien rechazó a su manera la orden de desalojo emitida por un juez de Bogotá que lo obligaba a desocupar su vivienda para ser entregada al nuevo dueño que ya había comprado la casa en un remate. Esa tarde don Modesto y su familia recibieron con piedra y agua a las autoridades judiciales. En los hechos dos policías resultaron lesionados.

Ante este dramático caso, la Corte Constitucional citó una reunión extraordinaria a la que asistieron todos los magistrados de la Corte y trató el tema de los créditos hipotecarios durante tres días.

Finalmente la Corte decidió que todos los procesos ejecutivos por deudas del UPAC anteriores a 1999 deben terminarse y las deudas deben ser reliquidadas y refinanciadas.

Palacio de Justicia

Foto / Marce Rojas

En cuanto a los remates la situación es diferente, quienes ya tienen el proceso inscrito en la oficina de Instrumentos Públicos tendrán que entregar sus viviendas a sus nuevos dueños, pero quienes no tienen el registro pueden volver a adquirir sus casas iniciando un proceso judicial.

La Corte también pidió al Gobierno Nacional alternativas de créditos que beneficien a los afectados que perdieron sus casas haciendo valer el derecho a una vivienda digna. Ahora resta esperar que tan efectivo es el fallo y sobre todo, si se cumple o no.

Mujer descuartizada fue asesinada por su esposo

Bolsas encontradas en barrio Veraguas

En la madrugada del 27 de mayo de 2007 el celador de un centro de salud ubicado en el barrio Veraguas vio como un habitante de la calle dejaba dos bolsas de basura en mitad de la carretera, cerca de la estación de los Comuneros de Transmilenio. De inmediato llamó a otro vigilante y juntos fueron a sacar sus armas para asustarlo, pero cuando volvieron al lugar solo vieron las bolsas negras.

“Nosotros tenemos la orden de espantar a los indigentes porque dejan basura y eso hace que se vea feo nuestro barrio” dijo el celador.

Cuando llegaron a recoger lo que supuestamente eran desperdicios se encontraron con un horrendo crimen: “Al abrir la bolsa vimos que salió la pierna de una joven”.

De inmediato llamaron a la Policía que llegó al lugar y encontró el cuerpo descuartizado de la mujer, pero sin su cabeza. Las autoridades empezaron la inspección y encontraron en la ropa de la víctima sus documentos con los que pudieron identificarla.

Al cruzar datos se dieron cuenta que días atrás un hombre había denunciado en Medicina Legal que su esposa estaba desaparecida y su nombre coincidía con la mujer encontrada.

Experto de Medicina Legal

Foto / Marce Rojas

Aunque el hombre había hecho la denuncia de la desaparición también se convirtió en un sospechoso porque varios familiares y hasta los hijos de la pareja afirmaron a los investigadores que la última vez que había sido vista la mujer estaba peleando con su esposo y luego no volvieron a saber de ella.

Aún con los testimonios no había cómo corroborar el homicidio, hasta que el personal del CTI entró a la casa de la víctima y realizó pruebas con luces forenses para detectar fluidos de la víctima que hubieran podido ser limpiados para ocultar el crimen.

Allí descubrieron saliva y sangre de la mujer regados en la sala y en la habitación de la pareja, esas fueron pruebas suficientes para vincular al esposo.

Con esto le dictaron orden de captura al sujeto quien fue llevado a audiencia pública donde no aceptó los cargos, pero luego en otra audiencia pactó un preacuerdo con la Fiscalia, donde aceptó haber cometido el delito de homicidio agravado para recibir una pena de 20 años de prisión. Los hijos de la pareja fueron puestos a disposición del Bienestar Familiar.

Los expertos afirman que en Bogotá se presentan pocos casos de descuartizamiento y cuando esto pasa muy pocas veces es por retaliaciones, como sí sucede con los grupos armados ilegales: “La guerrilla y los paramilitares lo que quieren es sembrar temor y por eso cortan los cuerpos de sus víctimas vivas, pero en estos cuando el homicidio no es planeado, normalmente lo que hacen en medio de su desespero en buscar como esconder el cuerpo, pero siempre terminan siendo descubiertos” afirmó Máximo Duque, ex director de Medicina Legal.

Millonarias pérdidas en concesionarios piratas

Después de dos años de lucha cerca de cien personas que habitan en Bogotá continúan esperando que la justicia y las leyes les ayuden a recuperar el dinero con el que compraron unos vehiculos, que según ellos pagaron al concesionario, Créditos y Vehículos Limitada. Hasta la fecha la firma no les ha hecho entrega del vehiculo ni mucho menos les ha devuelto la plata.

Los afectados aseguran que allí invirtieron sus ahorros en la compra de taxis que ellos esperaban se convirtieran en una forma de generar ingresos para sus hogares.

Varios de los usuarios afirman que entregaron su capital, confiados de que el concesionario que llevaba más de 10 años en el mercado les iba a ofrecer una alternativa para mejorar sus vidas. "Nosotros no fuimos tan ingenuos, ellos no abrieron las puertas de un momento a otro y por eso creíamos que eran serios" manifestaron las víctimas al salir de la audiencia.

El Fiscal del caso relató en la audiencia pública que en ese negocio convencían a los clientes de comprarles sus vehículos usados y cambiarlos por nuevos a precios económicos, pero ahora ellos no tienen ni carro, ni dinero. "Nos dejaron en la calle", "No tengo de qué vivir" es lo que dicen.

Aunque las víctimas siempre asisten en grupo a las audiencias y tienen un listado de más de 100 afectados, el proceso sólo se adelanta a favor de cinco personas, los demas no han sido incluidos y muy posiblemente tendrán que interponer una demanda aparte.

El proceso está demorado y se ha vinculado solo a los vendedores porque los dueños se encuentran prófugos. Lo triste es que cuando se emiten estas historias en medios de comunicación de inmediato repican los teléfonos de más usuarios que han resultado estafados por concesionarios piratas.

Para que no le pase a usted evítese problemas y vaya a un concesionario legal, reconocido, que tenga un buen respaldo en el mercado y así usted no perderá ni su carrito, ni su dinero.

Omisión de socorro, una sanción a la falta de solidaridad con los heridos

No ayudar a los heridos podría generarle una sanción penal entre dos a seis años a cualquier colombiano. El caso más reciente ocurrió en Bogotá cuando un taxista no atendió el llamado de la Policía que le pidió trasladar un herido víctima de un robo con arma blanca a un centro médico. El proceso está pendiente de un fallo en los juzgados de Paloquemao y podría convertirse en un ejemplo para la falta de solidaridad de algunas personas, aunque la polémica se centra en una posible estrategia de los ladrones para robarle a quienes colaboren.

Eran las 9:45 p.m. del viernes 21 de septiembre cuando un hombre caminaba por una calle solitaria de Bogotá exactamente en la calle 67 con carrera 15, cuando de un sitio oscuro salieron unos sujetos armados con arma blanca quienes le pidieron que les entregara su dinero, el hombre se negó y recibió varias heridas en su cuerpo.

La víctima quedó tirada en el piso y minutos después llegaron varios policías que al verlo herido le prestaron ayuda pero como no tenían en que movilizarlo hasta un centro de salud, le pidieron la ayuda a un taxista que pasaba por el sector quien se negó a prestarles el servicio. Según testigos, el taxista Oscar Andrés Medina Triviño de 26 años, se negó aduciendo que “se le dañaba la cojinería”, pero el implicado ha dicho que no los ayudó porque su vehículo estaba fallando y ya se había varado.

Aún no se ha determinado quién dice la verdad, pero lo que sí es cierto es que los policías en ese instante pararon el taxista, buscaron otra forma de llevarse al herido hasta el hospital Simón Bolívar y luego trasladaron al conductor hasta la estación de San Bernardo al norte de la ciudad, donde le dijeron que lo iban a procesar por el delito de Omisión de Socorro que es el artículo 131 del código penal y que dice: “El que omitiere, sin justa causa, auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrare en grave peligro, incurrirá en prisión de dos a cuatro años”, (con los incrementos darían de dos a seis años de prisión).

El taxista fue llevado a la Unidad de Reacción Inmediata, URI de Engativá donde el sábado 22 de septiembre le hicieron la legalización de captura que fue apelada y que está pendiente de resolver. También está pendiente la formulación de acusación por este delito de Omisión de socorro.

Este caso se convierte en el primero que es llevado ante un estrado judicial y también es un llamado de alerta a la ciudadanía para que sea más solidaria porque de lo contrario podría implicarse en un proceso judicial.

Al consultar a varios conductores sobre si ellos llevarían a alguien que pareciera herido a un centro hospitalario la mayoría dijo que no por cuestiones de seguridad: “A veces es una estrategia el hacerse el herido para robarle a uno el carro”, “Es un riesgo porque si el paciente se muere o queda inconsciente, ¿quién le dice a las autoridades que uno no fue el que lo atropelló o el que lo hirió?”, “Con tanta inseguridad es difícil confiar, pero si el herido está con la Policía pues es diferente”.

El tema está candente y más en un país donde prima la desconfianza. Ahora resta esperar si la justicia le va a dar a este taxista una sanción ejemplar o si pasa a ser un caso más de falta de colaboración.