Universitario secuestrado en Bogotá

Universitario secuestrado / Imágen cortesía DAS

El 26 de septiembre de 2005 el Departamento Administrativo de Seguridadad (DAS) recibió una llamada de un ciudadano que afirmaba que en la calle 25H No. 101 B - 91 del barrio Fontibón de Bogotá, podrían tener secuestrado a un hombre jóven a quien llamaban José.

Se montó un operativo y el 27 del mismo mes a las 4:50 p.m. llegaron a la casa y capturaron a un hombre llamado Jair Ignacio Chaparro Silva, que justo en ese momento salia del lugar.

Jair Ignacio Chaparro Silva / Indiciado

Foto / Marce Rojas

Luego cuando ingresaron a la casa encontraron al jóven universitario José del Cármen Piñeros Maldonado, en unas circunstancias deplorables que fueron registradas en un video que grabó el DAS donde se puede observar que el jóven estaba en una celda y en un pequeño espacio donde podía dormir y hacer sus necesidades fisiológicas.

El secuestrado fue llevado a su familia y el detenido ante un juez de garantías que declaró legal la captura.

El fiscal relató los hechos y afirmó que el jóven había sido secuestrado desde hace siete meses cuando salía de su casa a la universidad. Por su liberación pedían dos mil millones de pesos.
La Fiscalía le formuló el delito de secuestro extorsivo que podría darle de 37 a 50 años de cárcel.

El indiciado aceptó los cargos y por eso podría recibir la mitad de la pena, es decir, 18 años y seis meses de prisión.

El juez dictó como medida provisional la detención en la Cárcel Nacional Modelo.

Celda donde estaba el secuestrado/
Imágen cortesía DAS

Bebé abandonado en cajero electrónico

John Jairo Ahumada / Caso niño abandonado en cajero automático

Foto Marce Rojas

El 3 de septiembre de 2005, en la cámara de video de un cajero electrónico del centro de la ciudad de Bogotá, quedó grabado el momento en que un hombre ingresa con una enorme bolsa al lugar y luego sale sin ella.

Para muchos pudo haberse tratado de una bolsa con explosivos o algo que implicara pánico, pero no se trató de terrorismo, fue algo peor, un hombre llamado John Jairo Ahumada Matíz, abandonó a su bebé recién nacido, según él porque no tenía dinero para mantenerlo.

El hombre huyó del lugar pero luego al ser identificado a través del video del cajero, fue capturado por la policía que en un comienzo lo dejó en libertad, pero luego lo volvió a capturar a solicitud de un fiscal. Se dió inicio entonces a toda una investigación por el delito de "Abandono de menores".

Para el juez del caso tanto el papá como la mamá son responsables del delito porque al abandonar a su hijo pusieron en riesgo la vida del bebé. Ellos aceptaron los cargos ante un juez de garantías y luego un juez de conocimiento les dictó una sentencia de dos años y nueve meses de prisión a cada uno.

Aunque en la sentencia se menciona la palabra prisión, ellos no irán a la cárcel pues el delito de "Abandono de menores" es excarcelable, es decir, que no da cárcel para los investigados porque su pena mínima es menor a cuatro años de prisión. A cambio de esto, durante los dos años y nueve meses que dictó el juez, ellos deben demostrar buen comportamiento, no podrán cambiar de residencia, ni podrán salir del país. Tanto el papá como la mamá continuarán vinculados al proceso y en sus registros personales ya tendran antecedentes penales por estos hechos.

Continúan los casos de proxenetas en Bogotá

Foto / Marce Rojas /

Caso Marisol Serrano - Juzgados de Paloquemao Bogotá

En Bogotá, existe un lugar autorizado por las autoridades distritales para que se pueda ejercer libremente la prostitución, se trata del barrio Santa Fe de la localidad de los Mártires. Lo que no se autorizó es que utlicen niños para este negocio del sexo.

Por eso cuando se empezaron a recibir denuncias de que en una de las casas del sector tenían como mercado sexual a niños y los negocios se hacían a través de llamadas telefónicas, de inmediato se montó un operativo donde fueron encontrados un grupo de proxenetas y 12 niños que ejercían la prostitución.

La investigación dio sus frutos después de varios meses durante los cuales la policía hizo un seguimiento a los proxenetas y clientes del lugar, incluso realizo interceptaciones telefónicas donde se negociaban los placeres sexuales de diversos hombres. En la conversaciones quedó claro que los clientes podían tener relaciones con las niñas en esa casa o podían llevárselas a otro lugar.

Poco a poco a través del Nuevo Sistema Penal Acusatorio se han ido judicializando los proxenetas de este caso, incluso la administradora del lugar llamada Oliva ya obtuvo su sentencia y negoció con la Fiscalia una rebaja de penas a cambio de denunciar al resto de cómplices.

La citada esta vez fue Marisol Serrano, la madre de dos niñas de 12 y 13 años que fueron encontradas en el lugar.

En el juicio la fiscal del caso Gloria Guzmán manifestó que la mujer debe responder por los abusos hacia las niñas a quienes obligaba a vender sus cuerpo a cambio de unos pocos pesos que debían ser entregados a su progenitora.

Al finalizar el primer día del juicio declaró Oliva y confirmó lo dicho por la Fiscalia, Marisol Serrano, sí sabía que sus hijas ejercían la prostitución e incluso les daba ordenes sobre lo que ellas debían hacer. También dijo que mientras la mujer descansaba en Pacho Cundinamarca, las niñas debían "trabajar" para llevar dinero a casa.