A la cárcel por ataque con agente químico

Fotografía Rosa Herminda Farigua

Cortesía: Fiscalía General de la Nación

Rosa Herminda Farigua Torres, de 49 años de edad, fue enviada a la cárcel por atacar con una sustancia corrosiva a María Helena Peña, quien se bajaba de una moto que era conducida por su esposo. La agredida fue llevada a una clínica cercana pero ante la gravedad las quemaduras debió ser remitida al hospital Simón Bolívar.

La comunidad hizo un llamado a las autoridades quienes al llegar a la carrera 56  con calle 5C en el barrio Trinidad Galán encontraron a la víctima, la cual era auxiliada por los vecinos que sacaron una manguera y le suministraron agua para que ella pudiera limpiarse el rostro, así como recuperaron una botella de gaseosa que contenía el líquido que le causó las heridas a la señora Peña.

Pocos metros más adelante la agresora fue retenida por habitantes del sector y entregada a las autoridades, quienes la llevaron a la URI de Puente Aranda para que un fiscal la presentara ante un juez de control de garantías.

La fiscal del caso imputó a la capturada el delito de lesiones con agentes químicos, ácidos y/o sustancias similares que hace parte de la Ley 1773 de 2016, conocida como la Ley Natalia Ponce de León. La presunta agresora no aceptó cargos y fue enviada a la cárcel; donde en caso de ser hallada responsable podría enfrentar una pena que oscila entre los 12.6 meses y los 40 años de prisión.

La Fiscalía está a la espera del resultado definitivo de los exámenes sobre la agresión causada a la víctima que le afectó el rostro y cuello. En caso de presentarse deformidad o un daño permanente, la pena podría incrementarse.

A la cárcel por homicidio de aficionado de fútbol

Tras la captura de Sergio Francisco Mayorga Pinzón, la Juez 26 de control de garantías de la URI de Puente Aranda, en Bogotá, le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de homicidio agravado, que le imputó la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron el miércoles 10 de agosto a las 2:25 p.m. en la calle 19 con carrera 3 frente a la Estación de las Aguas en Bogotá, cuando un joven que iba caminando y vestía la camiseta de su equipo de fútbol capitalino, se encontró con dos hinchas del equipo contrario.

Según el relato de testigos, los dos muchachos se ofuscaron al ver a otro joven con la camiseta diferente a la de su preferencia y se lanzaron sobre él, hiriéndolo en el cuello y emprendiendo la huida.  

Foto cortesía Fiscalía General de la Nación

Ante las voces de auxilio de la comunidad, las autoridades que se hicieron presentes encontraron al joven herido en el piso y a unas personas que agredían a quien según ellos había herido al hincha. La víctima fue llevada de inmediato a un hospital cercano pero llegó sin signos vitales. 

En ese momento se efectuó la captura de Mayorga Pinzón, quien no aceptó los cargos que la Fiscalía le endilgó en la audiencia de imputación; por ello cumplirá la medida de aseguramiento en la Cárcel Modelo.

La víctima fue identificada como Julián Andrés Garzón Pulido, tenía 28 años, era estudiante de octavo semestre de Ingeniería Eléctrica y padre de un bebé de 18 meses de nacido.

Vea aquí el video de la Fiscalía General de la Nación que muestra el momento en que llevan a audiencia Sergio Francisco Mayorga. 

https://drive.google.com/open?id=0B7WeBEGv3etpUkphS0lTT2V4aUk

A la cárcel por tentativa de feminicidio agravado

Milton Landinez Carrero fue afectado con medida de aseguramiento por un juez de garantías de Bogotá, a petición de la Fiscalía, por su presunta responsabilidad en los delitos de tentativa de feminicidio agravado con circunstancias de mayor punibilidad, en concurso homogéneo y sucesivo con tentativa de homicidio agravado.

Imagen tomada de internet

Los hechos ocurrieron cuando el hombre intentó asesinar a su compañera permanente luego de que ella cansada de las agresiones por parte de él empezara a empacar sus pertenencias y decidiera irse de la residencia que compartían.  En el momento de la discusión y las agresiones intervinieron la hermana de la víctima quien se encontraba embarazada y un menor de edad, los dos también fueron atacados por Landinez Carrero. 

El agresor usó un machete para atacar a sus víctimas golpeándolos en la cabeza y las manos. Ante las voces de auxilio, las autoridades se hicieron presentes y capturaron al procesado, quien tenía tres indagaciones por violencia intrafamiliar.  

En las audiencias, el  capturado no aceptó cargos y cumplirá la medida en establecimiento carcelario.

Continúa polémica por tráfico de proyectiles desde Venezuela a Colombia y con destino a las FARC.

Manuel Yobaldo Agudo Escalona, confesó ser traficante

Foto / Cortesía Prensa Fiscalía

La comercialización de armas de Venezuela a Colombia al parecer quedó confirmada con la captura de dos ciudadanos de ese país, que fueron detenidos en el momento en que negociaban cartuchos de fusil AK-47 con dos campesinos que ellos creían eran guerrilleros activos de las FARC, pero que terminaron siendo desmovilizados que participaron en el operativo que montaron el CTI y la Armada para capturar a los traficantes.

"Tenían pleno conocimiento de estas operaciones e incluso realizaban negociaciones con personal civil y militar del hermano país de Venezuela para ingresar munición, para dotar a las fuerzas subversivas de la guerrilla a través de intercambio con droga y dólares", afirmó el Juez de Garantías al ratificar lo dicho por la fiscal del caso.

Maletín encontrado en el operativo

Foto / Cortesía Prensa Fiscalía

La negociación se hizo en Puerto Nariño, Vichada, en Colombia, en pleno río. Los dos investigados llegaron en una lancha y fueron detenidos cuando tenían en su poder 10 mil cartuchos de fusil AK-47 que es el mismo que utiliza las FARC. Uno de los infiltrados le dijo a las autoridades que a diez minutos de ese sitio por la Orinoquía, había dos caletas en donde estaban otros 30 mil cartuchos, pero además había varios maletines con municiones en su interior, dos de ellos con logos. En uno decía: Batallón de apoyo logístico y otro tenía un escudo con la palabra Venezuela.

Segundo maletín encontrado

Foto / Cortesía Prensa Fiscalía

La Fiscalía afirmó que en el momento de la captura encontró documentos que demuestran que uno de los detenidos podría ser un militar venezolano. En su poder había un carnét expedido por el Ministerio de la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, Fuerza Armada Nacional Ejército, a nombre del Sargento Mayor de Segunda, Manuel Yobaldo Agudo Escalona.

Comandante Fuerzas Armadas de Venezuela / Fredy Alonso Carrión

Foto / Internet

Pero pasadas algunas horas de la audiencia el Comandante de las Fuerzas Armadas de Venezuela, Fredy Alonso Carrión, afirmó que en sus registros de personal militar activo o retirado, no aparece el nombre del investigado, Manuel Yobaldo Agudo Escalona.

Y la cancillería de ese país también se pronunció a través de un comunicado donde afirmó que se ordenó abrir una investigación sobre el tema: "Desde el primer momento en que circularon las informaciones de prensa, establecimos comunicación con la cancillería colombiana para cumplir con los pasos legales que nos lleven a verificar la identidad de los detenidos...".

Audiencia pública

Foto / Cámara Canal Caracol

Y precisamente el día de la audiencia en los Juzgados de Paloquemao llegaron funcionarios de la embajada de Venezuela quienes se entrevistaron con los capturados, pero no asistieron a la diligencia.

La Fiscalía les formuló el delito de tráfico de armas de uso privativo de fuerzas militares que fue aceptado por los investigados y como medida provisional el juez les dio la detención en la cárcel Modelo.

Condenas que dejó pendientes alias 'Tirofijo'

Pedro Antonio Marín, alias 'Tirofijo' o 'Manuel Marulanda'

Foto / Internet

Finalmente se confirmó lo dicho por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, 'Tirofijo' murió el 26 de marzo de 2008. Tantos delitos, tantas muertes y realmente no tenía tantas condenas como se esperaba. A continación una descripción de algunas de sus investigaciones judiciales.

Con su nombre real, Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo, tenia 150 órdenes de captura en su contra, por los delitos de rebelión, homicidio, terrorismo, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir, secuestro, daños públicos, hurto y lesiones personales.

Pedro Antonio Marín, alias 'Tirofijo' o Manuel Marulanda'

Foto / Internet

La Fiscalía General de la Nación, tiene un registro de 120 acciones terroristas efectuadas por 'Tirofijo' desde 1949 hasta noviembre de 1998, la mayoría de ellas por tomas a municipios, emboscadas a Ejército y Policía, y retenes.

La primera condena que recibió el también llamado 'Manuel Marulanda', fue del 20 de diciembre de 1962 por el delito de homicidio.

Además recibió otras condenas que se hacían extensivas a toda cúpula de las FARC:

Gilberto Echeverri Mejía y Guillermo Gavíria Correa,

minutos antes de su secuestro. Foto / Internet

A 40 años de cárcel por el secuestro y homicidio del ex ministro de defensa, Gilberto Echeverri Mejía; del ex Gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa y de ocho militares, ocurrida el 21 de abril de 2002. Los políticos fueron secuestrados cuando realizaban una marcha por la paz y la no violencia en el departamento de Antioquia.

También tenía una condena de 40 años de cárcel por la toma de la base militar en El Billar en Caquetá, efectuada en marzo de 1998. Ahí murieron 65 militares y otros 23 fueron secuestrados.

A 38 años y nueve meses por la toma de Las Delicias en agosto de 1996, que dejó un saldo 28 militares muertos y 60 secuestrados.

Imágenes homicidio familia Turbay Cote

Foto / Internet

En el 2002 recibió una condena de 36 años de prisión por la muerte y el secuestro del senador Diego Turbay Cote y de su madre, ocurrida en diciembre de 2000, en un sitio conocido como La Gallera. Los guerrilleros del Frente Teófilo Forero que comandaba 'Tirofijo' interceptaron la comitiva de Turbay Cote que se dirigía a la posesión de José Lizardo Rojas como alcalde de Puerto Rico. Los delincuentes obligaron a las personas a bajar de los vehículos, les dispararon en la carretera y ahí dejaron tirados sus cuerpos.

En el caso del atentado al Club Nogal de febrero de 2003 y donde murieron 36 personas y más de cien resultaron heridas, la Fiscalía acusó en el 2004 al secretariado de las FARC.

Dos años de prisión por robar con pistola de juguete.

Amel Rico Gamboa, condenado

Foto / Cámara Noticias Caracol

Los hechos ocurrieron el 19 de febrero de este año a las 6:30 de la tarde cuando una mujer transitaba sola por la calle y fue interceptada por un sujeto que se transportaba en bicicleta y le apunto con un arma obligándola a entregarle su bolso en el que llevaba 32 mil pesos.

La Fiscalia afirmó que justo en ese momento pasaba por el lugar una patrulla de la policía que se percató de lo ocurrido, capturaron al agresor, recuperaron el bolso y le quitaron el arma que "resultó ser un arma de juguete".

El hombre implicado llamado Amel Rico Gamboa, y que tenía como oficio cuidar carros, fue llevado a audiencia pública donde aceptó haber cometido el delito. Aunque el hurto se hizo con un arma de juguete, eso no impidió que le aplicaran todo el peso de la ley.

"La víctima no sabía que era de juguete y por eso se produjo el temor fundado sobre el arma, lo que configura la violencia" afirmó su defensor Carlos Rodríguez. Por su parte el juez al leer la sentencia impuso una condena de 24 meses y 15 días de prisión.

Amel Rico Gamboa, condenado

Foto / Cámara Noticias Caracol

Aunque el confeso delincuente aceptó cargos y se comprometío a devolverle a la víctima los 32 mil pesos que le había robado, el juez le negó el pago de la pena en su domicilio debido a que tiene dos condenas vigentes una de 22 años por homicidio y otra de cinco meses por hurto.

Al preguntarle de quien era el arma, Amel Rico no quiso responder, pero su abogado si lo hizo: "La verdad si la tenía para el niño (para su propio hijo), pero cuando él la utilizó, ni siquiera su esposa sabia que la iba a utilizar con ese fin".

La defensa afirmo que el hombre realizó el robo para pagar los exámenes médicos de su esposa que se encontraba embarazada, pero ahora la justicia debe definir si se suman sus tres condenas que darían 24 años y cinco meses de prisión o si se hace una reevaluación que le permitiría una disminución del total de la pena.

Extraña muerte por un aborto.

Vía Suba - Cota, lugar donde fue encontrado el cuerpo desnudo

Foto / Cortesía Noticias Caracol

El 12 de enero de 2008 Ana Celi Suescún Casas, llegó a Bogotá desde Arauca, con el objetivo de practicarse un aborto. Ella había consultado en los periódicos la dirección en Bogotá y se enteró que en el barrio Teusaquillo le podían ofrecer lo que ella creía sería la solución a su "problema".

Según las autoridades en el consultorio la atendió una mujer que se hacía llamar 'Doctora Paola', le empezó la práctica del aborto pero luego se complicó la situación, la paciente empezó a desangrarse y ante la gravedad la 'Doctora Paola' llamó a una de sus amigas quien a su vez le recomendó que llevara a la enferma un hospital porque estaba en peligro de muerte. Al otro día ya no se volvió a saber nada de Ana Celi.

Guante que fue encontrado junto a la caja de cartón

Foto / Cortesía Noticias Caracol

El 16 de enero del mismo año en las horas de la madrugada en medio de la vía Suba-Cota, más exactamente en la vereda Chorrillos, un vehículo dejó tirada una caja grande de cartón. Una persona se dio cuenta de lo ocurrido y llamó al celador del colegio vecino quien se acercó y por un hueco de la caja observó el cuerpo desnudo de una mujer, de inmediato llamaron a las autoridades.

Al llegar al lugar el grupo de investigadores tuvieron muchas dudas sobre la muerte de esa mujer que estaba sin documentos y sin signos de golpes externos que le hubieran podido ocasionar con algún tipo de arma. Luego en examen de Medicina Legal se determinó que la víctima en los últimos días había estado embarazada, le habían practicado un aborto y había muerto desangrada.

Restos de la cinta con la que amarraron la caja

Foto / Cortesía Noticias Caracol

Para las autoridades era un caso complicado, pero encontraron varias pistas, la familia identificó a la víctima y reportó que ella había hecho giros a una mujer que trabajaba en un centro de abortos y que se llamaba Elba Aurora Acero Franco, más conocida como la 'Doctora Paola'. Luego realizaron varias entrevistas y una testigo directa afirmó que Elba Aurora, era ella quien había practicado el procedimiento quirúrgico.

La capturada fue encontrada en el consultorio y ahora deberá responder por los delitos de homicidio preterintencional con aborto que podría darle una pena de 7 a 25 años de prisión.

Asesinan a Policía después de intervenir en una riña.

José Rodrigo Barragán / Policía asesinado

Gráfico / Pablo Arteaga

La persona que ven en la foto es José Rodrigo Barragán, un Subintendente de la Policía de 32 años que se caracterizó por ser un buen profesional, incluso según su familia, recibió felicitaciones y condecoraciones de la institución.

“Siempre fue un excelente trabajador, pero además fue buen hijo, hermano y esposo” afirmó William Barragán, hermano del Subintendente.

Pero precisamente el cumplimiento de sus funciones lo llevó a morir cuando llegó en su moto a intentar solucionar una riña entre una pareja. Según testigos el Policía se bajó a intermediar porque una mujer estaba siendo golpeada dentro de un carro, después de pretender solucionar el problema los dejó, tomó su moto y se fue, pero detrás de él salió el mismo vehículo del incidente y lo atropelló en plena vía pública.

José Rodrigo Barragán / Policía asesinado

Gráfico / Pablo Arteaga

“El quedó tirado en el piso y estas personas se bajaron del carro, vieron que él estaba inconsciente y en un acto inhumano lo requisaron y con su propia arma de dotación le dispararon y emprendieron la huida” dijo William. El arma fue encontrada dos cuadras más adelante.

El Subintendente fue recogido por algunos transeúntes y luego fue llevado a la clínica Shaio en el norte de la ciudad donde permaneció varias horas en cuidados intensivos, pero finalmente murió.

Ahora su familia espera que se haga justicia y que se encuentre a los asesinos que según varios testigos estaban en un vehículo Hyundai blanco con un choque en la parte delantera izquierda. Si usted tiene información denuncie a la línea 123 de la Policía.

No dañe la Navidad adornando con musgo, lo pueden sancionar.

Adornos con musgo

Foto / Internet

A través de una obra de teatro la Secretaria de Ambiente salió a las calles a mostrarles a comerciantes y ciudadanos los controles que empezará a hacer durante la época navideña para evitar que se comercialice musgo para pesebres y decoración típica de estos días.

Al consultar con jueces encontré que las sanciones penales que se pueden imponer a quienes comercialicen el musgo son excarcelables.

Musgo en su hábitat

Foto / Internet

Se trata de dos delitos, el primero es: Ilícito aprovechamiento de recursos naturales que da una pena mínima de dos años y máximo siete años de prisión. El segundo es: daño en recursos naturales que tiene una pena mínima de dos años y máxima de nueve años.

Pese a estas penas que hace que los infractores no tengan temor en la comisión de este delito, la Secretaria de Ambiente y la CAR sí pueden imponer otras sanciones administrativas por sacar el musgo de áreas protegidas, como: Cierre de establecimiento, multas y amonestaciones.

Vender y portar droga en parques da cárcel.

Archivo City Tv

El delito de tráfico de estupefacientes es una sanción que aplica para todas las sustancias que produzcan dependencia, pero los jueces tienen ya identificado cuales son las drogas que más se utilizan para delinquir, se trata de coca, marihuana y bazuco.

Además tienen claro que cualquier persona que sobrepase el límite de la dosis personal puede ser capturada. “Las dosis permitidas son: un gramo para cocaína y cinco gramos para marihuana” afirma Jorge Barrera Juez 49 de garantías.

El tráfico de estupefacientes es un delito que normalmente tiene una pena mínima de cuatro años de prisión, pero si el jíbaro tiene su expendio en parques o en sitios deportivos, la sanción se duplica y en este caso la pena mínima es de ocho años de cárcel, esto acatando el capítulo del código que se refiere al Tráfico de estupefacientes, artículo 384, que dice cuales son las circunstancias de agravación:

Cuando la conducta se realice:
b) En centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos, vacacionales, cuarteles, establecimientos carcelarios, lugares donde se celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares o en sitios aledaños a los anteriores.

Incautación marihuana

Foto / Imágen City Noticias

El juez 18 de conocimiento Luis Fernando Ramírez dice que esta agravación es precisamente porque los parques son lugares de esparcimiento y de recreación para todas las personas que están en el lugar y no un derecho exclusivo de quienes buscan relajarse con el consumo o venta de droga.

Por su parte, el juez 49 de garantías Jorge Barrera Ávila dice que la gravedad de los parques es que se utilice para la venta de droga un sitio a donde van niños y mamás buscando la recreación.

23 meses de sanción por causar muerte a peatón.

Gabriel Rodríguez Hoyos / Conductor condenado

Foto / City Noticias

En el 2005 un joven de 27 años falleció en un accidente poco usual, estaba parado en el separador de la calle 47 con carrera 7 cuando apareció un bus de servicio público que chocó un semáforo, este se desprendió y cayó sobre el muchacho quitándole la vida.

Las autoridades empezaron la investigación contra el conductor del bus llamado Gabriel Rodríguez Hoyos y se inicio un proceso por el delito de homicidio culposo que él aceptó en audiencia pública.

La Fiscalia encontró que el implicado tenía ciento treinta y nueve multas por infracciones de tránsito y debía más de doce millones de pesos por ese concepto.

El último parte fue impuesto justamente el día del accidente, es decir el 24 de marzo, la infracción fue por conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción.

Audiencia pública

Foto / Cortesía CityNoticias

El juez del caso le dio una condena de 23 meses y doce días de prisión domiciliaria y durante ese tiempo no podrá conducir ningún tipo de vehículo. Esta decisión se basó en un preacuerdo pactado entre la Fiscalia y la Defensa del infractor que acordaron la aceptación del delito a cambio de una rebaja del 48% de la pena real.

Al consultar al infractor sobre la pena del juez él afirmó: "se cometió un delito y ahora toca pagar". Además aceptó que el día de los hechos no tenía la licencia de conducción “Estaba pirateando” fue su respuesta.

A través de las aseguradoras el hombre indemnizó a la madre de la víctima con 35 millones de pesos. "No es lo que se merece porque un vida no se puede comprar, pero si es un aliciente para seguir adelante y para poder subsistir" dijo el abogado de la familia que perdió a su ser querido.

Cambiar sus datos personales lo pueden llevar a la cárcel, "no se busque problemas".

Sergio / Afectado

Foto / Humberto Garavito

Sergio creía que por fin iba a lograr cumplir uno de sus sueños, obtener su licencia de conducción y luego comprarse un carro, pero cuando llegó a tramitar los papeles se encontró con una triste sorpresa: "me dijeron que tenía una multa porque un señor dejó la moto estacionada en un lugar prohibido, luego llegó un policía de tránsito que le puso un comparendo, pero al parecer el agente se equivocó y la identificación que radicó coincide con mi número de cédula. Desde hace un año aparezco reportado en el listado de deudores de comparendos" dijo el afectado.

Sergio dice que tiene cómo demostrar que no cometió la infracción, pues ese día a la hora que se realizó el comparendo él estaba un su lugar de trabajo como a 100 cuadras del lugar del parte y además no tiene ni ha tenido ni moto ni licencia.

Av. 19 con calle 109 / Lugar del parte

Foto / Marce Rojas

Cuando Sergio consultaba el listado de deudores de la Secretaria de Movilidad aparecía registrada su cédula con una multa que cada vez crecía más, inicialmente fue por 204 mil pesos, pero en la última verificación debía más de 400 mil.

Sergio interpuso un derecho de petición en la Secretaria de Movilidad y logró que lo retiraran del sistema y le asignaran la multa al verdadero dueño, pero esto sólo hasta después de un año.

En este caso Sergio fue el afectado, pero según la Policía de Tránsito de enero a septiembre de 2007 se tenía el reporte de 140 personas que habían sido investigadas por tener datos dudosos en sus comparendos, pues a veces por no ganarse una multa muchos alteran sus nombres o número de cédula y no se dan cuenta que están cometiendo el delito de falsedad en documento público que les puede dar de 4 a 8 años de prisión y si tienen antecedentes los puede privar de la libertad.

Sergio / Afectado

Foto / Humberto Garavito

"La gente cree que es un juego y a veces por quitarse una multa le intenta hacer trampa al Policía aprovechándose del error o le cambian los datos y no se dan cuenta que en algún momento los van a descubrir y los pueden investigar por ese delito" afirma el juez 18 de conocimiento que ha tenido varios de estos casos y ha logrado concluir que en este tipo de delitos de alteración de datos personales los principales infractores son los conductores de vehículos públicos.

Cuando usted recibe una multa por error de la Policía la situación se resuelve y usted puede acudir al Super Cade de la Movilidad ubicado en la calle 13 con carrera 38 y ahí le reciben una apelación, pero si no es así y fue usted el que alteró los datos "No se busque problemas, cambiar su nombre o su cédula en un documento público lo puede mandar a la cárcel".

Dos capturados en Bogotá por delitos electorales.

Foto / Internet

Las Unidades de Reacción Inmediata URIS de Bogotá reportaron que el 28 de octubre día de elecciones, fueron detenidas dos personas por el delito de ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula que podría darles entre cuatro y ocho años de prisión.

Uno de ellos es un Edil que fue capturado en una de las mesas de votación de la localidad de Candelaria cuando al parecer portaba la cédula de una mujer. El hombre fue llevado a la URI de Paloquemao, luego fue dejado en libertad y finalmente será llevado a una audiencia pública donde le harán la legalización de la captura ante un juez de garantías.

Foto / Internet

El otro arrestado fue llevado a la URI de Ciudad Bolívar y también estará en audiencia pública.

Además se recibieron tres denuncias por los delitos electorales, uno por corrupción al sufragante y dos por fraude electoral. La Fiscalia empezó ya la investigación por estos hechos y luego se definirá si los implicados serán o no judicializados.

El balance también deja a tres personas detenidas que tenían órdenes de captura de diferentes juzgados del país, uno de ellos fue arrestado en Corferias cuando intentaba votar y los otros en sitios cercanos a los puestos de votación.

El Ministerio de defensa reportó que el 28 de octubre en todo el país fueron capturadas 201 personas de los cuales 84 fueron por delitos electorales.

Incremento de penas para delitos electorales.

Foto / Internet

Las elecciones del 28 de octubre estarán muy controladas por la legislación que al fin se puso en cintura y logró incrementar las penas para las personas que cometan delitos electorales. A partir de la fecha seis de los once artículos contemplados en el Código Penal como delitos contra mecanismos de participación democrática, tienen una sanción de 4 a 8 años de prisión.

Los delitos a los que les incrementaron las penas son:

Perturbación al certamen democrático: El que emplee algún mecanismo para evitar que las personas puedan votar. Ej. Que se invente que hay una amenaza de bomba o que el punto de votación fue suspendido.

Fraude al sufragante: El que haga que las personas voten por alguien en específico o que voten en blanco.

Voto fraudulento: Suplantación de personas para votar o el que vote dos veces.

Foto / Internet

Favorecimiento de voto fraudulento: El funcionario que permita que se haga efectivo el voto fraudulento depositándolo en la urna.

Alteración de resultados.

Ocultamiento, retención y posesión ilícitas de cédula.

Según cifras de la Fiscalia desde enero a 26 de octubre de 2007 en Bogotá, se recibieron 10 denuncias de personas que presuntamente habrían infringido la ley en el tema de delitos electorales: dos por voto fraudulento, uno por constreñimiento al sufragante, uno por corrupción al sufragante y seis por fraude en la inscripción de cédulas.

Adicionalmente personal de CTI, SIJIN y DAS estarán distribuidos por todas las localidades tratando de evitar la comisión de delitos y la Fiscalia estará distribuida en las Unidades de Reacción Inmediata, URIS para hacer efectiva la judicalización ante un juez de garantías.

Si usted tiene una denuncia de delitos electorales puede comunicarse a las líneas 282 9169 – 245 2755 o ir directamente a la carrera 8 No. 13-31 piso tercero donde funciona la URIEL.

Capturan a uno de los ladrones del Hotel Dann de Bogotá.

Javier Ibarguen Mosquera / Capturado

Foto / Marce Rojas

El 29 de septiembre se presentó un hecho inusual en Bogotá, seis personas ingresaron a una de las sedes del Hotel Dann, primero fueron tres que dijeron que llegaban por un reservación y luego los otros que dijeron que iban por una delegación que había llegado de Aruba.

Una vez adentro los ladrones amenazaron a los celadores con sus armas, les quitaron la ropa y subieron al piso donde estaban los extranjeros a quienes les robaron todas sus pertenencias avaluadas en más de 50 millones de pesos.

Pasados tres días la Policía empezó a trabajar con unos retratos hablados que fueron divulgados en los medios de comunicación logrando un efecto satisfactorio, pues una mujer identificó a uno de los delincuentes, llamó a las autoridades y se empezó a montar un operativo para lograr la captura en el barrio Patio Bonito del Sur de Bogotá.

Cuando hicieron el allanamiento sólo podían vincular al delincuente por el delito de receptación, es decir, por tener artículos robados, pues en su poder le encontraron seis celulares y un reloj.

Audiencia en Paloquemao

Foto / Marce Rojas

Dentro de los objetos incautados, estaba el celular de uno de los celadores que en entrevista con las autoridades había denunciado que los ladrones se lo habían quitado y cuando la Fiscalia le preguntó al trabajador por su número telefónico y le mostró el aparato, el confirmó que sí era el suyo.

Con este error del indiciado y con la identificación de varios testigos, la Fiscalia lo pudo vincular al caso y le formuló los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas.

El hombre aceptó cargos y al final de la audiencia fue enviado a la cárcel Modelo. Las autoridades están a la espera de capturar a los otros cinco implicados.

Extorsionan a motociclistas en el centro de Bogotá.

Motociclista afectado

Foto / Marce Rojas

En el mes de octubre un mensajero fue víctima del robo de su motocicleta. El afirma que la dejó estacionada mientras entregaba unos paquetes y de un momento a otro llegaron dos personas que le quitaron el seguro y se la llevaron.

Pero él no es la única víctima, según datos que manejan los mismos motociclistas, en promedio semanalmente les están robando de dos a tres motos.

Los afectados ya tienen identificadas las modalidades de hurto y hay una que para ellos es la más común: "Aparecen dos personas que se aprovechan de las motos que son dejadas estacionadas, pero a veces hasta nos amenazan con armas" afirmó el afectado.

Gráfico Internet

Después viene lo peor, empiezan a pedirles dinero para devolverles sus vehículos, les dicen que tienen pocas horas para entregar la suma y los amenazan con deshuasar su moto si no se paga.

El monto de la extorsión también está definido, si la moto es de 125 centímetros cúbicos el pago varía entre quinientos y ochoscientos mil pesos, pero si el cilindraje es más alto la cuota puede llegar al millón de pesos.

En los casos en que no se paga el rescate y se llevan las motos la situación es más difícil porque según los motociclistas, las aseguradoras no les prestan sus servicios, así que son ellos los que deben sacar el dinero para hacer la reposición. "El empleado es quien debe pagar porque o sino luego no tiene la herramienta de trabajo que le permite mantener a su familia".

Foto Internet

Los motociclistas denunciaron que en varios casos hay complicidad de las autoridades y de los celadores porque cuando empiezan la extorsión los llaman a sus propios teléfonos.

Los sitios donde más roban son: Barrio Siete de Agosto, Centro y Calle 13. Los lugares a donde más llegan estas motos robadas son: Avenida Caracas entre calles 16 y 17, en la avenida Primero de mayo con 24 y algunas partes del barrio Siete de agosto.

Las autoridades afirman que de enero a septiembre se han robado 125 motos, pero también dijeron que el problema más grave es que los motociclistas no denuncian y prefieren pagar el rescate por eso en muchos casos el delito queda impune. Si usted es víctima de estos robos denuncie a las líneas 112 o 123.

Buenas noticias para deudores del UPAC

Familia Meliton

Foto / Diego Pinzón camarógrafo City Tv

Don José Meliton y su esposa tienen 75 y 72 años respectivamente y hace once años solicitaron un crédito por 27 millones para hacer reformas en su casa. En un comienzo la mensualidad era de trescientos mil pesos, pero de un momento a otro las cuotas aumentaron a un millón de pesos y ahora ellos aseguran que no tienen los recursos para pagar ese dinero.

"Mi hijo era un taxista y nos daba el dinero para sobrevivir, pero en el paro de transportadores de mayo en un intercambio de disparos lo asesinaron y nosotros quedamos solos y sin recursos" afirma don José.

La historia de ellos es solo una de las 250 mil reportadas solo en Bogotá, donde los usuarios de créditos de vivienda se colgaron en las cuotas y en la mayoría de los casos perdieron sus casas las cuales fueron rematadas por los bancos.

El drama de la familia Meliton cada día se agudiza más, ellos se niegan a salir de la casa donde han vivido durante 30 años: “De aquí me sacan pero muerta” dice la mujer. "No podemos pagar eso y además nuestro crédito fue para reformas, no para compra" afirma don José.

Usuarios del UPAC frente al Palacio de Justicia

Foto / Marce Rojas

Estos casos olvidados por las autoridades revivieron el pasado 3 de septiembre ante los hechos de protesta protagonizados por el señor Modesto Salcedo, quien rechazó a su manera la orden de desalojo emitida por un juez de Bogotá que lo obligaba a desocupar su vivienda para ser entregada al nuevo dueño que ya había comprado la casa en un remate. Esa tarde don Modesto y su familia recibieron con piedra y agua a las autoridades judiciales. En los hechos dos policías resultaron lesionados.

Ante este dramático caso, la Corte Constitucional citó una reunión extraordinaria a la que asistieron todos los magistrados de la Corte y trató el tema de los créditos hipotecarios durante tres días.

Finalmente la Corte decidió que todos los procesos ejecutivos por deudas del UPAC anteriores a 1999 deben terminarse y las deudas deben ser reliquidadas y refinanciadas.

Palacio de Justicia

Foto / Marce Rojas

En cuanto a los remates la situación es diferente, quienes ya tienen el proceso inscrito en la oficina de Instrumentos Públicos tendrán que entregar sus viviendas a sus nuevos dueños, pero quienes no tienen el registro pueden volver a adquirir sus casas iniciando un proceso judicial.

La Corte también pidió al Gobierno Nacional alternativas de créditos que beneficien a los afectados que perdieron sus casas haciendo valer el derecho a una vivienda digna. Ahora resta esperar que tan efectivo es el fallo y sobre todo, si se cumple o no.

Mujer descuartizada fue asesinada por su esposo

Bolsas encontradas en barrio Veraguas

En la madrugada del 27 de mayo de 2007 el celador de un centro de salud ubicado en el barrio Veraguas vio como un habitante de la calle dejaba dos bolsas de basura en mitad de la carretera, cerca de la estación de los Comuneros de Transmilenio. De inmediato llamó a otro vigilante y juntos fueron a sacar sus armas para asustarlo, pero cuando volvieron al lugar solo vieron las bolsas negras.

“Nosotros tenemos la orden de espantar a los indigentes porque dejan basura y eso hace que se vea feo nuestro barrio” dijo el celador.

Cuando llegaron a recoger lo que supuestamente eran desperdicios se encontraron con un horrendo crimen: “Al abrir la bolsa vimos que salió la pierna de una joven”.

De inmediato llamaron a la Policía que llegó al lugar y encontró el cuerpo descuartizado de la mujer, pero sin su cabeza. Las autoridades empezaron la inspección y encontraron en la ropa de la víctima sus documentos con los que pudieron identificarla.

Al cruzar datos se dieron cuenta que días atrás un hombre había denunciado en Medicina Legal que su esposa estaba desaparecida y su nombre coincidía con la mujer encontrada.

Experto de Medicina Legal

Foto / Marce Rojas

Aunque el hombre había hecho la denuncia de la desaparición también se convirtió en un sospechoso porque varios familiares y hasta los hijos de la pareja afirmaron a los investigadores que la última vez que había sido vista la mujer estaba peleando con su esposo y luego no volvieron a saber de ella.

Aún con los testimonios no había cómo corroborar el homicidio, hasta que el personal del CTI entró a la casa de la víctima y realizó pruebas con luces forenses para detectar fluidos de la víctima que hubieran podido ser limpiados para ocultar el crimen.

Allí descubrieron saliva y sangre de la mujer regados en la sala y en la habitación de la pareja, esas fueron pruebas suficientes para vincular al esposo.

Con esto le dictaron orden de captura al sujeto quien fue llevado a audiencia pública donde no aceptó los cargos, pero luego en otra audiencia pactó un preacuerdo con la Fiscalia, donde aceptó haber cometido el delito de homicidio agravado para recibir una pena de 20 años de prisión. Los hijos de la pareja fueron puestos a disposición del Bienestar Familiar.

Los expertos afirman que en Bogotá se presentan pocos casos de descuartizamiento y cuando esto pasa muy pocas veces es por retaliaciones, como sí sucede con los grupos armados ilegales: “La guerrilla y los paramilitares lo que quieren es sembrar temor y por eso cortan los cuerpos de sus víctimas vivas, pero en estos cuando el homicidio no es planeado, normalmente lo que hacen en medio de su desespero en buscar como esconder el cuerpo, pero siempre terminan siendo descubiertos” afirmó Máximo Duque, ex director de Medicina Legal.

Millonarias pérdidas en concesionarios piratas

Después de dos años de lucha cerca de cien personas que habitan en Bogotá continúan esperando que la justicia y las leyes les ayuden a recuperar el dinero con el que compraron unos vehiculos, que según ellos pagaron al concesionario, Créditos y Vehículos Limitada. Hasta la fecha la firma no les ha hecho entrega del vehiculo ni mucho menos les ha devuelto la plata.

Los afectados aseguran que allí invirtieron sus ahorros en la compra de taxis que ellos esperaban se convirtieran en una forma de generar ingresos para sus hogares.

Varios de los usuarios afirman que entregaron su capital, confiados de que el concesionario que llevaba más de 10 años en el mercado les iba a ofrecer una alternativa para mejorar sus vidas. "Nosotros no fuimos tan ingenuos, ellos no abrieron las puertas de un momento a otro y por eso creíamos que eran serios" manifestaron las víctimas al salir de la audiencia.

El Fiscal del caso relató en la audiencia pública que en ese negocio convencían a los clientes de comprarles sus vehículos usados y cambiarlos por nuevos a precios económicos, pero ahora ellos no tienen ni carro, ni dinero. "Nos dejaron en la calle", "No tengo de qué vivir" es lo que dicen.

Aunque las víctimas siempre asisten en grupo a las audiencias y tienen un listado de más de 100 afectados, el proceso sólo se adelanta a favor de cinco personas, los demas no han sido incluidos y muy posiblemente tendrán que interponer una demanda aparte.

El proceso está demorado y se ha vinculado solo a los vendedores porque los dueños se encuentran prófugos. Lo triste es que cuando se emiten estas historias en medios de comunicación de inmediato repican los teléfonos de más usuarios que han resultado estafados por concesionarios piratas.

Para que no le pase a usted evítese problemas y vaya a un concesionario legal, reconocido, que tenga un buen respaldo en el mercado y así usted no perderá ni su carrito, ni su dinero.

Omisión de socorro, una sanción a la falta de solidaridad con los heridos

No ayudar a los heridos podría generarle una sanción penal entre dos a seis años a cualquier colombiano. El caso más reciente ocurrió en Bogotá cuando un taxista no atendió el llamado de la Policía que le pidió trasladar un herido víctima de un robo con arma blanca a un centro médico. El proceso está pendiente de un fallo en los juzgados de Paloquemao y podría convertirse en un ejemplo para la falta de solidaridad de algunas personas, aunque la polémica se centra en una posible estrategia de los ladrones para robarle a quienes colaboren.

Eran las 9:45 p.m. del viernes 21 de septiembre cuando un hombre caminaba por una calle solitaria de Bogotá exactamente en la calle 67 con carrera 15, cuando de un sitio oscuro salieron unos sujetos armados con arma blanca quienes le pidieron que les entregara su dinero, el hombre se negó y recibió varias heridas en su cuerpo.

La víctima quedó tirada en el piso y minutos después llegaron varios policías que al verlo herido le prestaron ayuda pero como no tenían en que movilizarlo hasta un centro de salud, le pidieron la ayuda a un taxista que pasaba por el sector quien se negó a prestarles el servicio. Según testigos, el taxista Oscar Andrés Medina Triviño de 26 años, se negó aduciendo que “se le dañaba la cojinería”, pero el implicado ha dicho que no los ayudó porque su vehículo estaba fallando y ya se había varado.

Aún no se ha determinado quién dice la verdad, pero lo que sí es cierto es que los policías en ese instante pararon el taxista, buscaron otra forma de llevarse al herido hasta el hospital Simón Bolívar y luego trasladaron al conductor hasta la estación de San Bernardo al norte de la ciudad, donde le dijeron que lo iban a procesar por el delito de Omisión de Socorro que es el artículo 131 del código penal y que dice: “El que omitiere, sin justa causa, auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrare en grave peligro, incurrirá en prisión de dos a cuatro años”, (con los incrementos darían de dos a seis años de prisión).

El taxista fue llevado a la Unidad de Reacción Inmediata, URI de Engativá donde el sábado 22 de septiembre le hicieron la legalización de captura que fue apelada y que está pendiente de resolver. También está pendiente la formulación de acusación por este delito de Omisión de socorro.

Este caso se convierte en el primero que es llevado ante un estrado judicial y también es un llamado de alerta a la ciudadanía para que sea más solidaria porque de lo contrario podría implicarse en un proceso judicial.

Al consultar a varios conductores sobre si ellos llevarían a alguien que pareciera herido a un centro hospitalario la mayoría dijo que no por cuestiones de seguridad: “A veces es una estrategia el hacerse el herido para robarle a uno el carro”, “Es un riesgo porque si el paciente se muere o queda inconsciente, ¿quién le dice a las autoridades que uno no fue el que lo atropelló o el que lo hirió?”, “Con tanta inseguridad es difícil confiar, pero si el herido está con la Policía pues es diferente”.

El tema está candente y más en un país donde prima la desconfianza. Ahora resta esperar si la justicia le va a dar a este taxista una sanción ejemplar o si pasa a ser un caso más de falta de colaboración.